Humberto De la Calle, quien por más de cuatro años lideró el equipo negociador del Gobierno de Colombia en las conversaciones de paz con las FARC, puso su cargo a disposición.
“Vengo a expresar total apoyo al presidente. Ha mostrado un liderazgo valiente, porque prefirió la paz a la inercia de la guerra. Valiente porque se sometió a la decisión de los ciudadanos”, dijo.
Manifestó que no será obstáculo para lo que sigue. Pero, continuará trabajando por la paz sin pausa en el lugar donde pueda ser útil. Agradeció al maravilloso equipo de negociadores en La Habana y aseguró que el país tiene una deuda enorme con ellos.
El pronunciamiento lo hizo antes de salir para La Habana, Cuba, a donde viajó por orden del presidente para buscar nuevas opciones después de que el plebiscito no fuera aprobado por los votantes en Colombia este domingo en las urnas.
“Continuaré persiguiendo el objetivo de la paz en lo que me resta de vida. Cualquiera que sea el escenario que me corresponda seguiré trabajando con tenacidad y entusiasmo. Los errores que hayamos cometido son de mi exclusiva responsabilidad. Asumo plenamente mi responsabilidad política”, añadió.
En septiembre de 2012, luego de que Santos hizo públicas las negociaciones exploratorias con la guerrilla, De la Calle fue nombrado jefe de la delegación negociadora del gobierno.
Fue ministro de Gobierno cuando se expidió la constitución de 1991, por lo que conoce a fondo las implicaciones legales que conllevan una firma de la paz. Fue vicepresidente de Colombia entre 1994 y 1996, además de embajador ante la OEA entre 2001 y 2003.
En su extenso currículo también se encuentran los cargos de magistrado de la Corte Suprema, embajador en España y Reino Unido, así como ministro del interior.
Durante su gestión como negociador, De la Calle no solo se enfrentó a fuego enemigo, tras acusar a las FARC “de trabajar para la oposición”, sino también a fuego amigo, luego de que en 2014 denunció que sus comunicaciones electrónicas fueron intervenidas por unidades de inteligencia del Ejército sin el consentimiento del gobierno.