Seis activistas y líderes sindicalistas fueron condenados el martes a 16 años de cárcel acusados por los delitos de “conspiración” y “asociación para delinquir”.
Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, fueron detenidos el año pasado tras participar en diversas protestas para exigir reivindicaciones laborales y salariales.
En ese entonces varias organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que las autoridades venezolanas iniciaron “una ola de detenciones selectivas” contra trabajadores, activistas sociales y dirigentes de oposición.
El Programa Venezolano Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), denunció que se trata de una condena “arbitraria” y que las únicas pruebas de la fiscalía fueron presuntas capturas de pantalla de WhatsApp.
“El único testigo de la denuncia nunca se presentó en un año y dos meses. Los luchadores sociales se mantenían en las calles por la exigencia de salarios dignos en Venezuela. Este es un nuevo golpe a la protesta social y sus derechos fundamentales”, escribió Provea en la red social X, antes conocida como Twitter.
La asociación Alerta Venezuela, ratificó que «el principal testigo en contra de los 6 luchadores sociales, un patriota cooperante, nunca se presentó a declarar en el juicio».
Las detenciones de los sindicalistas ocurrieron en diversos procedimientos plagados de “irregularidades” que implicaron allanamientos sin orden judicial y detenciones arbitrarias.
Para Acceso a la Justicia, la condena se traduce en el “recrudecimiento” de la persecución política en el país.
Durante el primer semestre del 2023, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 4.351 protestas en toda Venezuela, un incremento de 12% en comparación con el primer semestre del 2022 y precisa que los derechos laborales fueron exigidos en 3.112 de las protestas, rechazando un salario mínimo oficial equivalente a menos de cinco dólares mensuales.