Quincena de trabajadores del Concejo Municipal lleva cuatro días de retraso
María Lourdes Arráez, [email protected] Los más de 426 trabajadores del Concejo Municipal esperan por el pago de la quincena correspondiente al 25 de noviembre, pues la administración no recibió la transferencia de los recursos para cancelarla, y hasta el cierre de la edición no se había hecho efectivo el pago.
El concejal Felipe Corro indica que al parecer el alcalde Carlos Alcalá no quiere enviar los recursos por unos cambios internos que se hicieron en la nómina y que fueron aprobados en sesión.
“Un obrero falleció y el empleado que estaba supliendo sus funciones se le dio el cargo, no hubo una incorporación nueva, lo que se hizo fue una reclasificación”.
Rechaza que el Alcalde quiera seguir inmiscuyéndose en los asuntos de la Cámara Municipal, “somos autónomos y el Alcalde no puede pretender meterse en los cambios internos aprobados por los concejales, debe respetar la majestad del Concejo”.
Reitera la denuncia de que a la fecha hay 18 trabajadores contratados que desde enero no han cobrado su bono de alimentación debido a los retrasos en los dozavos.
Trabajadores piden al PSUV intervenir
El fin de semana, los trabajadores remitieron un comunicado a la dirección política regional del PSUV, detallando las vicisitudes, penurias y desgracias que afronta el ayuntamiento que cuenta con nueve concejales del Bloque de la Patria, detallando que se les está violando su derecho Constitucional y contractual.
Aseguran que el Alcalde incumple con la instrucción emanada por el partido de transferir al Concejo Municipal el dozavo que por derecho Constitucional le corresponde, según lo establecido en la Ordenanza de Ingresos y Gastos 2016, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y demás instrumentos jurídicos.
Señalan que tienen pruebas de que cuando transfiere solo da recursos para la nómina, por lo que la Cámara tiene deudas con sus proveedores, no cuentan con agua potable, no se puede imprimir la Gaceta Municipal, no hay tóner para las impresoras y las instalaciones están en franco deterioro.
Se preguntan si esas acciones temerarias no atentarán en contra de la gestión de gobierno del presidente Nicolás Maduro, y si no incidirán negativamente en las elecciones regionales y municipales del 2017./va