El default previsto de Puerto Rico sobre deuda que vence el sábado sería el comienzo de lo que podría convertirse en una de las mayores reestructuraciones municipales, con el potencial de abrir las puertas a una pugna con los inversores y provocar volatilidad en los precios de los bonos.
El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, sorprendió a los inversores en junio cuando dijo que la deuda de la isla -por un total de 72.000 millones de dólares- era impagable y que requería de reestructuración.
Puerto Rico dijo que probablemente incumpla con un pago por 58 millones de dólares que debe el 1 de agosto sobre la deuda de su Corporación Pública de Finanzas.
Según la declaración de una oferta de deuda de 2014, Puerto Rico nunca ha caído en incumplimiento en el pago de deudas principales ni de sus intereses.
Un no pago sería el más notable desde que Detroit, que tenía cerca de 8.000 millones de dólares en deuda, incumplió el pago de 1.450 millones de dólares de bonos de pensiones asegurados antes de solicitar protección por bancarrota en 2013, y posteriormente en más de 600 millones de dólares en bonos generales.
El jefe de Gabinete de Puerto Rico, Víctor Suárez, dijo el lunes que el Estado libre asociado a Estados Unidos no tiene el flujo de cuenta corriente para pagar por los bonos de la Corporación Pública de Finanzas.
También persiste la duda respecto a si Puerto Rico cumplirá con un pago de deuda por 169,6 millones de dólares del Banco de Desarrollo del Gobierno, que vence el 1 de agosto. Suárez dijo que la isla hará “todo lo posible” para asegurar su pago.
El miércoles, Suárez dijo a los periodistas en San Juan que el no pago de una deuda no constituiría default.
Sin embargo, la agencia de calificación de crédito Standard & Poor’s dijo que consideraría un no pago sobre los bonos de la Corporación Pública de Finanzas en su fecha de vencimiento como default, al igual que Moody’s.
“(Sería) el primer fracaso por parte del Gobierno para pagar una deuda a los inversores públicos e indica la debilidad de la capacidad y voluntad del Gobierno para pagar”, comentó Timothy Blake, director gerente del grupo de finanzas públicas de Moody’s.