El Estado perdió el derecho al voto como parte de los Estados que participan en la Asamblea anual de la Corte Penal Internacional, informó la ONG Provea.
La pérdida del derecho al voto impediría a Venezuela ejercer el sufragio para elegir a dos fiscales adjuntos, por un período de nueve años.
La decisión fue anunciada por Silvia Fernández de Gurmendi, jueza presidenta de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, informó la ONG venezolana de derechos humanos.
El motivo de la pérdida del derecho al voto habría sido consecuencia de los impagos a la CPI por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
De acuerdo con el Programa Venezolano de Educación–Acción en Derechos Humanos (Provea) señaló que, en total, Venezuela adeuda a la CPI 12.816.996 euros.
El último pago ejecutado por Venezuela se remontaría al año 2018 cuando ejecutó un importe parcial, lo que aumentó las deudas del Estado venezolano.
La cuota anual que debe aportar el Estado sería de 2.018.603 euros, lo que permite calcular la cantidad de años que Venezuela pudo haber dejado de pagar. De acuerdo con Provea, esta deuda se extendió por aproximadamente seis años.
Según Provea, Venezuela no es el único Estado moroso. Junto a Venezuela estarían en deuda: Antigua y Barbuda, Comoras, Congo, Guinea, Liberia, Surinam y Zambia.