La Procuraduría General de la República tomará acciones legales contra la Asamblea Nacional, por citar al presidente Nicolás Maduro a comparecer ante la plenaria el pasado 1º de noviembre, en el marco del juicio político acordado por el parlamento el pasado domingo 23 de octubre.
El órgano Ejecutivo Federal acató la petición de Maduro hecha el pasado viernes al procurador (E) Reinaldo Muñoz, de «preparar los cañones jurídicos de la nación», en consecuencia, esta institución anunció que ejecutará las medidas “más eficaces” para la protección del Estado y la Nación tras supuestas acciones inconstitucionales del parlamento venezolano presidido por el diputado (AD- Dtto. Capital) Henry Ramos Allup.
Según un comunicado, las acciones de la AN no tienen validez jurídica, debido al “desacato” a las órdenes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y en el caso contrario, el parlamento ni ninguna de sus comisiones tienen competencia para interpelar al Presidente.
Basándose en su interpretación del artículo 222 de la Constitución aseguran que la Asamblea Nacional podrá ejercer control político y declarar responsabilidad política a funcionarios públicos previo a solicitar el accionar al Poder Ciudadano. Y según el Estatuto de Función Pública el Presidente “no es un funcionario público” de carrera ni de libre nombramiento o remoción, sino electo por el pueblo.
Entre las acusaciones al órgano legislativo destacan la pretensión de un golpe de Estado y el supuesto fraude a la constitución por aplicar una figura jurídica, juicio político al Presidente, que no existe en la Constitución ni en el resto de leyes venezolanas.
En este sentido, sostienen que la investidura y competencias de Nicolás Maduro, no pueden ser sometidas a las diatribas de las fuerzas políticas del país.