El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, se dirigió a la Fiscalía General de la República para exigir derecho a la defensa, tras la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia donde dejan sin efecto las sesiones del parlamento de los meses de abril y mayo.
Consignó en el Ministerio Público los alegatos constitucionales ante esta sentencia. “El TSJ ha dictaminado que el Presidente de la AN solo existe para ser citado o notificado de sus sentencias” refutó y aseguró que “la sentencia del TSJ viola completamente la constitución, por lo tanto es nula”.
“No nos podemos hacer parte de un proceso incriminatorio en el que ni siquiera podemos nombrar nuestros abogados, sino que debería hacerlo el Procurador General de la República, quien no cumple con los requisitos para ser Procurador sino que es un encargado, que no ha sido nombrado por la AN”, expresó.
En cuanto a los magistrados del TSJ, señaló que ninguno de esos magistrados exprés está capacitado para ser fiscal de la República, agregando que “modificaron el reglamento de la AN que estuvo vigente en la gestión oficialista”.
“No puede ser posible que un organismo viciado de nulidad absoluta como es la Sala Constitucional trate de tener vigencia por encima de la voluntad popular expresada en las últimas elecciones y, todavía menos aún, que pretenda tutelar a un organismo, que precisamente tiene la facultad constitucional de designar el TSJ”, acotó.
Alertó que el Tribunal Supremo de Justicia prepara acciones para allanar la inmunidad parlamentaria de los actuales diputados de la Asamblea Nacional.