Hasbely Bolívar
A propósito del procedimiento que ejecutó Ivivar en la Opppe 28 de Tanaguarena, el coordinador de la Red de Apoyo de Inquilinos La Guaira, José Gregorio Amarista, advirtió que cualquiera que sea la circunstancia en la que el núcleo familiar haya obtenido el inmueble, no puede dejarse en la calle porque la vivienda es un derecho constitucional inviolable.
«Las familias están siendo seriamente perjudicadas por los atropellos que comete Ivivar, de forma no ajustada a derecho, fuera de los parámetros de la Ley. Si existe una problemática de asignación, de venta ilícita o de traspaso no pueden echar a la familia a la calle y menos si hay menores de edad», apuntó.
Añadió que desde hace aproximadamente cuatro años se han acentuado los desalojos en los apartamentos entregados por el Gobierno. Por eso, plantea crear el mecanismo administrativo para que las familias ya establecidas allí sean censadas, evaluadas y de existir alguna irregularidad de acreditación debe hacerse un análisis, pero no el desalojo arbitrario.
«Se le debe dar a las familias la oportunidad de que paguen por la titularidad del inmueble, o en su defecto, favorecerlo con otro hogar digno.
Desde la Red de Apoyo de Inquilinos de la entidad han enviado comunicaciones al despacho de la Superintendencia para que les lleguen al Ministro de Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel, y busque de tomar acciones contundentes.
«Muchos de estos desalojos lo hacen para beneficiar a otra familia, pero deben hacerlo perjudicando a otra y, encima, creando un ambiente de inseguridad, inestabilidad y angustia en el resto del urbanismo. El Poder Judicial está en el deber de defender los derechos de la familia y hacer respetar la Ley.
Ante cualquier denuncia o asesoramiento pueden contactarlo a través del 0414-2923010.