El Departamento de Estado de EEUU destacó en su último informe anual sobre tráfico de personas, presentado por el secretario de Estado, Anthony Blinken, la persistencia de la explotación laboral y sexual de migrantes venezolanos en las islas de Aruba y Curazao.
A pesar de algunos esfuerzos por parte del gobierno de Aruba, como el aumento del personal dedicado a la investigación penal y la mejora de las instalaciones para víctimas potenciales de tráfico, las autoridades no han llevado a ningún traficante ante los tribunales en los últimos cuatro años.
En cuanto a Curazao, según reseña Crónicas del Caribe, el informe señala que el país no cumple con los estándares mínimos para enfrentar el tráfico de personas, ya que las cortes no han condenado a ningún traficante y el gobierno de esa isla condiciona la asistencia a las víctimas extranjeras, incluida la residencia, a su cooperación con las autoridades.
Durante la pandemia de COVID-19, las redes de tráfico de personas continuaron operando, explotando a venezolanos, dominicanos y personas locales, muchas veces forzándolos a trabajos sexuales en bares y otros lugares.
El informe llega en un momento en que las fronteras entre estas islas y Venezuela han sido gradualmente reabiertas. Sin embargo, aún no se ha observado un cambio drástico en el flujo de migrantes, y la expectativa de normalización es cautelosa.
La organización FundaRedes, que evalúa el impacto de la reapertura de las fronteras, indica que hasta ahora, el flujo de personas sigue siendo reducido debido al escepticismo sobre las condiciones y la falta de campañas para la regularización del estatus migratorio.
Desde Aruba y Curazao, los emigrantes venezolanos expresan la esperanza de que los respectivos gobiernos implementen medidas para regularizar su situación, ya que regresar a Venezuela sigue siendo una opción peligrosa. Mientras tanto, harán todo lo posible por mantenerse en el exterior y evitar los riesgos asociados con el regreso a su país natal.