El Gobierno de Panamá expresó este martes su preocupación por la situación en Venezuela e hizo un llamado a que se propicien las condiciones para unas elecciones presidenciales libres y transparentes.
El Gobierno panameño hace referencia a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de ratificar la inhabilitación para aspirar a cargos públicos de la principal líder opositora María Corina Machado, sin citarla en un escueto comunicado.
“Panamá, fiel a los valores democráticos, expresa su preocupación ante la situación en Venezuela y las acciones que puedan constituir un retroceso a los acuerdos de Barbados”, señala un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Panamá advierte sobre las acciones en Venezuela que puedan constituir un retroceso a los acuerdos de Barbados. Este pacto entre los actores de la política venezolana, entre otros acuerdos, permite que todos los partidos escojan a sus candidatos para las elecciones presidenciales.
El gobierno de Francia también se pronunció y exigió a Venezuela que habilite a todos los candidatos para las elecciones presidenciales
Mediante un comunicado, la Cancillería francesa expresó su preocupación tras las decisiones del TSJ que confirman la inhabilitación de varias personalidades políticas.
Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo que no reconocerá el resultado de los próximos comicios en Venezuela, que aún no tienen fecha definida, “ya que no han sido elecciones libres”.
España y Chile se pronuncian ante inhabilitación
Los gobiernos de España y Chile se pronunciaron sobre la ratificación de la inhabilitación política contra María Corina Machado, quien no podría postularse a las elecciones presidenciales de Venezuela por esta medida.
El rechazo de España llegó por intermedio del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien no escondió su descontento: “La decisión sobre María Corina no ensancha el pluralismo, no es algo que vaya en la línea de lo que a nosotros nos gustaría ver”.
El funcionario también habló sobre las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, aclarando que se mantiene la política de revisión de las mismas.
Por su parte la Cancillería de Chile emitió un comunicado en el que detalló que el gobierno mira con preocupación lo sucedido.