“No tenemos comida, tenemos días sin comer. Solo nos dan un agua de granos, arroz o arepa sin relleno, una vez al día”, fue una denuncia recurrente entre las tantas que recibió el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) durante el 2020. A esto se sumó la falta de atención médica, el hacinamiento y las catastróficas condiciones sanitarias de los penales.
Según el Informe 2020: Muertes en las cárceles por denegación de alimentos, durante el año 2020 murieron 292 privados de libertad en las cárceles. Las muertes por condiciones de salud representaron el 63,01% de los decesos, con un total de 184 fallecidos.
Esta cifra refleja un aumento desproporcionado en comparación con los años anteriores. Solo entre 2019 y 2020 se incrementó un 178,79%. La tuberculosis y desnutrición causaron al menos 85% del total de las muertes, mientras que el otro 15% corresponde a hepatitis, cuadros diarreicos, obstrucción intestinal, personas diabéticas o con crisis convulsivas sin tratamiento, entre otros.
En todos los casos documentados en el año 2020, los reclusos carecían de atención médica, más de un 95% de los fallecidos estaban desnutridos, y un número importante presentó cuadros de desnutrición severa aún cuando sus causas de muertes fueron otras.
Carolina Girón, directora del OVP, indicó que a través de las denuncias pudieron constatar que los privados de libertad habían presentado pérdidas de peso de entre 40 a 50 kilos. También se verificó que fueron pocos los presos que fueron trasladados a un centro de atención médica, alegando que no había una orden de un tribunal o algún transporte disponible para tal fin.
En cuanto a la violencia, fue la causa de 108 fallecidos. Resalta el caso del Centro Penitenciario de Los Llanos (Cepella), ubicado en Guanare, estado Portuguesa, donde fallecieron 49 presos y 75 resultaron heridos durante un motín para exigir el ingreso de alimentos.