El gobierno de Daniel Ortega aceleró la persecución contra la Iglesia católica ordenando el cierre de cuentas bancarias de varias diócesis en Nicaragua, según denunciaron miembros del clero.
De igual manera, la abogada e investigadora Martha Patricia Molina, que recopila los ataques contra sacerdotes en el país y que recientemente fue citada en un informe del Departamento de Estado sobre los ataques a la Iglesia católica, subrayó que esta medida se da tras la detención esta semana de dos sacerdotes al norte del país que están siendo investigados por las autoridades policiales por haber dirigido una organización religiosa que fue clausurada.
A criterio de la abogada, el gobierno de Ortega busca “una asfixia sin precedentes” en contra de la Iglesia católica, a la cual el mandatario ha tildado de ser “golpista” por albergar en sus templos a manifestantes antigubernamentales en el año 2018.
Las diócesis con sus cuentas bancarias restringidas son las de Managua, que preside el cardenal Leopoldo Brenes, y las de Matagalpa y Estelí, a cargo del obispo encarcelado Rolando Álvarez, quien en febrero pasado fue condenado a más de 26 años de prisión por delitos considerados «traición a la patria», dijeron fuentes religiosas.
Para el dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado Félix Maradiaga, «el bloqueo de las cuentas bancarias de varias diócesis de la Iglesia católica en Nicaragua es un acto extremo de agresión y de persecución a la Iglesia».
«Es, además, una declaración explícita de las verdaderas aspiraciones de la dictadura: callar y disolver por completo la voz e incluso la presencia, de una institución que, por su peso moral en Nicaragua, es un obstáculo en los planes de los Ortega-Murillo, de consolidar una dictadura dinástica», advirtió Maradiaga.