Diario La Verdad de Vargas

Ordenan liberar al expresidente Fujimori

El Tribunal Constitucional de Perú ordenó liberar inmediatamente al expresidente Alberto Fujimori.

El organismo tomó la decisión pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó lo contrario el año pasado.

“El Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director del Penal de Barbadillo (donde permanece recluido), en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori”, reza la sentencia del máximo ente judicial de Perú.

La resolución fue firmada por tres de los seis miembros del Tribunal Constitucional con el voto decisivo del presidente del organismo, Francisco Morales.

El abogado de Fujimori, Elio Riera, celebró la sentencia y dijo: “hemos logrado que, en base al criterio de humanidad, se haga efectiva esa sentencia”.

La Corte Interamericana pidió no excarcelar a Alberto Fujimori

Fujimori de 85 años, fue condenado por cometer crímenes de las humanidad contra el pueblo de Perú, según los propios tribunales de ese país. 

Pero el 24 de diciembre de 2017, el entonces mandatario peruano Pedro Pablo Kuczinski le concedió un indulto por razones humanitarias y derecho de gracia. 

La Corte IDH, considera que se trata de un acto que contraviene los compromisos internacionales asumidos por el propio Estado peruano y deja sin justicia a las víctimas de los delitos de los que Fujimori es responsable.

Controversias judicialesMediante una primera resolución del 30 de mayo de 2018, la Corte Interamericana dispuso que el Perú examinara el indulto de Fujimori. 

El 3 de octubre de 2018, la Corte Suprema de Justicia del Perú determinó que el indulto carecía de efectos jurídicos y ordenó apresar a Fujimori. Esta medida se cumplió a inicios del año siguiente.

El 17 de marzo de 2022, el Tribunal Constitucional peruano emitió una sentencia que restituyó la validez del indulto. 

El 8 de abril de 2022, la Corte IDH emitió una resolución en la estableció que esta decisión era contraria al orden jurídico internacional.

Consideran que el Estado peruano no puede implementarla.

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