Más de 50 países firmaron un proyecto que se presenta hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que el organismo continúe investigando las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
La iniciativa busca tres objetivos centrales: que se renueve por dos años el mandato de la Misión de Determinación de Hechos que investiga los crímenes de lesa humanidad en el país, condenar aquellos que ya fueron comprobados por el cuerpo en un reciente informe, y llamar a celebrar elecciones bajo ciertas condiciones mínimas.
Los países firmantes manifiestan en el documento su alarma por distintos aspectos específicos de la crisis “civil, política, económica, social y cultural” en el país: la situación en el arco minero del Orinoco y supuestos abusos de las fuerzas de seguridad, presunta falta de independencia de poderes -que imposibilita, según afirman, el garantizar la transparencia de los procesos electorales- y las necesidades humanitarias de una vasta porción de la población.
“Expresa profunda preocupación por la situación de los derechos humanos y el medio ambiente en la región del Arco Minero, en donde existe explotación laboral de los mineros, así como trabajo infantil, trata de seres humanos y prostitución forzada”, reza el texto.