ONU denuncia la complicidad de la justicia venezolana con la represión
Los jueces y fiscales venezolanos han tenido un “papel muy importante” en las graves violaciones de derechos humanos contra opositores al gobierno de Nicolás Maduro, según un informe de una misión de la ONU difundido este jueves que describe una “profunda erosión” de la independencia judicial en el país.
El informe de más de 200 páginas, presentado en rueda de prensa en Ginebra y que se debatirá en el Consejo de Derechos de la ONU el próximo día 24, denuncia presiones gubernamentales para que los jueces nieguen garantías a los opositores, así como obstáculos a los abogados y hasta amenazas que han llevado a algunos magistrados al exilio.
“En medio de la profunda crisis de derechos humanos de Venezuela, la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada, lo cual ha puesto en peligro su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la misión internacional de las Naciones Unidas para ese país.
La misión fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019 para investigar sobre las presuntas violaciones de los derechos humanos contra opositores de las cuales se acusa al gobierno de Maduro.
Entre las múltiples irregularidades que documenta la misión se cita el uso de la prisión preventiva como una medida rutinaria, cuando debería ser excepcional, o el hecho de que magistrados emitan órdenes de arresto con carácter retroactivo para ocultar anteriores detenciones ilegales, algunas de ellas acompañadas de torturas.
Valiñas también señaló que en ocasiones los fiscales han presentado supuestas pruebas obtenidas mediante tortura, aceptadas después por los jueces, o que algunos magistrados, pese a ver signos de maltrato en detenidos, no dudaron en ordenar su regreso a los centros donde habían sufrido abusos.
Por otro lado, muchos abogados han sufrido con frecuencia obstáculos para ejercer la defensa, y a menudo los detenidos son forzados a aceptar a un letrado de oficio, en lugar de uno de su propia elección.
El sistema de justicia de Venezuela “necesita una reforma urgente, para librarlo de influencias políticas indebidas y garantizar que protege los derechos de todos los venezolanos de acuerdo con el derecho interno y las obligaciones internacionales”, añadió otro de los miembros de la misión, el chileno Francisco Cox.
Disolver la FAES
La misión reiteró la necesidad de disolver las FAES por sus «prácticas de violaciones a los derechos humanos».
Aseveró que una de los actos más comunes de los funcionarios es encubrir sus asesinatos plantando armas para simular enfrentamientos.