Por medio de un comunicado emitido este viernes, más de 100 organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron supuestos casos de acoso y persecución por parte del Estado venezolano contra quienes han cooperado con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
En el comunicado, las ONG señalan que la presencia del fiscal Karim Khan provocó una intensa campaña a través del sistema nacional de medios públicos para “desprestigiar” a quienes han remitido denuncias, incluyendo defensores de derechos humanos.
“La política sistemática por parte del Estado de restringir el espacio cívico en el país, incluyendo a quienes colaboran con los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos, ratifica que no existe voluntad genuina para detener las causas que permitieron que ocurrieran crímenes contra la humanidad en Venezuela”, dice parte de la misiva firmada por 111 organizaciones. Señalan que los anuncios oficiales recientes sobre leyes y reformas son insuficientes.
Las organizaciones responsabilizaron a las autoridades nacionales “de cualquier acción contra la libertad e integridad” de quienes han suministrado información a la CPI.
En febrero de 2018, cuando la Fiscalía de la CPI anunció el inicio de un examen preliminar para investigar los posibles crímenes cometidos en Venezuela desde abril de 2017, diferentes personalidades políticas y sociales han suministrado información al organismo. Como parte del proceso, el fiscal de la CPI hizo una visita al país que finalizó con el cierre del examen preliminar y el inicio de la fase de investigación.