A juicio del abogado y exparlamentario Rafael Narváez, «este 10 de diciembre se cumplen 76 años de la declaración universal de los Derechos Humanos, sin embargo en Venezuela no hay nada que celebrar porque el Estado diseñó una política de aniquilamiento de los derechos civiles y políticos con el agravante del entierro del debido proceso, se vive el momento más oscuro de los derechos humanos», expresó.
Resaltó además que «el país, se ha convertido en una fábrica de víctimas de violación DDHH y crímenes de lesa humanidad con dos hechos muy claros soportados por pruebas contundentes y difíciles de rebatir, delitos de lesa humanidad que se cometieron en el año 2017 ejecutados por el llamado Plan Zamora que actualmente los procesa penalmente la Corte Penal Internacional además de las protestas poselectorales del 28 de julio por el resultado de las elecciones presidenciales y donde se ejecutaron por parte de los cuerpos de seguridad del Estado detenciones arbitrarias y allanamientos sin orden judicial que trajo como consecuencia una cifra nunca vista en la región de 2500 detenidos víctimas de tratos crueles e inhumanos, degradantes con torturas incluyendo 69 niños y adolescentes».
«Para colmo, imputados desde una computadora dirigidas por jueces sin rostros por el delito de terrorismo derogando de hecho el debido proceso en dos derechos sagrados como lo son el de la defensa privada y la presunción de inocencia», dijo Narváez.
Resaltó también los 25 fallecidos de los que no se tienen responsables y cuyos crímenes siguen impunes.
El activista y defensor de los derechos humanos levantó la voz por los 1905 detenidos que aún quedan en las cárceles, y entre los que se encuentran dirigentes políticos, 23 periodistas y adolescentes con discapacidad sin el derecho a la visita de sus familiares.
Condenó los traslados clandestinos que está ejecutando el sistema judicial «sin el conocimiento de los familiares de los aprehendidos, que no tienen las condiciones económicas para viajar o saber sobre el paradero de sus hijos».
Narváez insistió en «una medida presidencial que conduzca a que en Venezuela haya una navidad en 2024 sin presos políticos y se trate de reparar los daño a las víctimas».