La exigencia de visa a ciudadanos venezolanos en México entrará en vigencia a partir del próximo 21 de enero, como parte de las acciones para frenar la migración irregular hacia Estados Unidos.
“Se ha identificado un incremento sustancial de nacionales de la República Bolivariana de Venezuela que ingresan al territorio nacional con supresión de visa con una finalidad distinta a la permitida, como el tránsito irregular hacia un tercer país”, señala la disposición publicada en el Diario Oficial el jueves.
Las autoridades aseguraron que la magnitud se estima en más de un tercio del volumen total de ingresos de venezolanos al país, en el período de enero a septiembre del año pasado, de acuerdo con el análisis generado a partir de la información estadística.
Destacó el incremento en más de 1.000% en comparación con el mismo período en los 5 años previos. Además, resaltó el incremento en declaraciones falsas sobre sus motivos de viaje, la diversificación de rutas de tránsito y la identificación de algunos delitos asociados a la movilidad internacional, como la trata de personas y el tráfico de migrantes.
“México ha determinado de manera unilateral la aplicación de visa en pasaportes ordinarios a los venezolanos que pretendan ingresar al país como visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, lo que hace necesario dar a conocer la medida y señalar los trámites vigentes que deberán realizar dichas personas para su ingreso al territorio nacional”, indica la norma.
Amnistía Internacional pidió en diciembre pasado al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reconsiderar la medida.
“Vemos con gran preocupación que esta decisión del gobierno mexicano puede tener graves repercusiones en la vida de las personas venezolanas que buscan protección internacional en otros países de la región, incluyendo México”, expresó la asociación en una carta abierta dirigida al mandatario mexicano.
“La imposición de visas de ingreso podría poner en riesgo el derecho a solicitar asilo de personas venezolanas”, advirtió.
La organización argumentó que la crisis de derechos humanos y la emergencia humanitaria en Venezuela han obligado a más de 6 millones de personas a abandonar su país los últimos años.