La presión de la gente en la calle de Tumeremo, estado Bolívar, es una señal de la preocupación de los familiares por la masacre de 23 mineros que un sobreviviente puso al descubierto. La negativa del gobernador de esa entidad de desconocer estos hechos son un indicador de cómo se violan los derechos humanos en el país, expresó el abogado Federico Peña, coordinador de Primero Justicia.
Expresó que la manipulación del Gobierno sobre estos hechos y los que ocurren por el cierre de la frontera serán debatidos en la Asamblea Nacional. “No podrán evitar que se conozca la verdad sobre esta masacre”.
Hizo referencia a que existe una urgente necesidad para cambiar a quienes ostentan el poder por ineficientes y flagrantes violadores de los derechos humanos. “A diario muere gente en la frontera por la falta de medicina, y en los hospitales el abandono es general. Igualmente, a diario ocurren cientos de homicidios que gozan de impunidad, y la escasez de alimentos es un golpe a la salud de cada venezolano”. /ep