Según informan medios locales, más de un centenar de asociaciones cívicas salieron este sábado 21 de enero a las calles de Madrid para manifestarse contra el Gobierno de España, por el “deterioro de la democracia” en el país.
Según la Delegación del Gobierno, más de 30.000 personas han participado en la protesta, que tuvo lugar en los alrededores de la Plaza de Cibeles, en la capital española, para expresar su rechazo a la gestión del presidente Pedro Sánchez.
Durante un acto de precampaña del PSOE celebrado en Valladolid, Sánchez ha calificado a los manifestantes de “nostálgicos” que esperan “una España uniforme”, asegurando que defienden un país “roto, uniforme y excluyente”.
Varios representantes de la oposición acudieron al acto, entre ellos Santiago Abascal, líder del partido ultraderechista Vox; Miguel Tellado, vicesecretario de Organización Territorial del Partido Popular (PP); e Inés Arrimadas, expresidenta de Ciudadanos.
Una gran parte de la sociedad española asiste con profunda preocupación y rechazo a la deriva política en la que está inmersa España”, así lo señaló el manifiesto publicado por la Fundación Foro Libertad y Alternativa (L&A), uno de los organismos que convocó a la movilización.
El texto denuncia que la alteración del Código Penal para eliminar el delito de sedición y rebajar “hasta el ridículo” las penas de malversación de los políticos responsables del referéndum de independencia organizado en Cataluña en 2017 “es propia de una democracia que se asoma al abismo de su fracaso”.
Asimismo, indicó que “se colonizan” instituciones y corporaciones con simpatizantes y miembros del PSOE, uno de los dos partidos que conforman el actual Ejecutivo, “alterando el juego de equilibrios y contrapesos necesario para el correcto funcionamiento de la democracia”. Por ejemplo, señalan que se nombró como fiscal general del Estado a Dolores Delgado, una diputada de esa formación política y exministra de Justicia.
Desde la L&A aseguran que el bloque gubernamental y sus socios menoscaban el control parlamentario, argumentando que se ha excedido el récord en el uso del Real Decreto Ley desde que fue aprobado por la Constitución, se abusa de los mecanismos de urgencia en la tramitación de leyes y “se pretende hurtar” todo debate sobre asuntos esenciales introduciendo modificaciones legislativas “decisivas” mediante enmiendas “totalmente ajenas” al objeto de las leyes en las que son introducidas.