A juicio de Manuel Guacarán, dirigente del movimiento Solidaridad, el basamento legal sustituye al legislador natural y constitucional del municipio que es el Concejo Municipal, al clasificar las actividades que deben ser pechadas con tributos y ubica de manera horizontal los 335 municipios del país, otorga más poder al centralismo presidencial al depender del Ejecutivo la materia tributaria local o municipal.
Indicó que las consultas a estas alturas que se hagan posterior a la aprobación de la ley y su ratificación por el TSJ la hacen lucir extemporáneas. Los abogados le llaman cosa juzgada, «los ciudadanos como yo lo llamamos perder el tiempo».
El mecanismo de consulta debió operar más temprano para que privaran las observaciones, por otro lado, cree que es a través de una ley que desarrolle los principios constitucionales de participación ciudadana, vía asamblea de ciudadanos, que obligue a los municipios a consultar los montos a tributar el contribuyente.
Destacó que lo de los techos a los tributos municipales se asemejan al Síndrome de la Abuela y Caperucita, el contribuyente cree que le beneficia, pero en el fondo es todo lo contrario si asumes al municipio como una corporación de servicios y no como una taquilla de cobro.BR/jd