*Siguen pendientes otras cinco causas relacionadas con Petrobras
El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado a nueve años y medio de cárcel por un tribunal de primera instancia, por su implicación en la red de corrupción que operó en Petrobras.
La sentencia fue dictada por el juez Sergio Moro, responsable de las investigaciones sobre la colosal trama corrupta destapada en el seno de la petrolera estatal, quien encontró a Lula culpable de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.
Esta es la primera condena que recibe el exmandatario, quien aún responde en otras cinco causas penales abiertas por la Justicia, la mayoría de ellas relacionados con el caso Petrobras.
A pesar de la condena, el exmandatario aún puede aspirar a ser candidato para las elecciones generales de 2018, lo cual solo sería impedido si la sentencia fuera ratificada en segunda instancia.
En el caso de la sentencia dictada ayer, Lula era acusado por la Fiscalía por supuestamente haber recibido 3,7 millones de reales (1,1 millones de dólares) en sobornos a raíz de contratos suscritos entre la constructora OAS y Petrobras.
El pago de esas coimas se habría materializado en la reserva y reforma de un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá, en el litoral del estado de Sao Paulo, y el pago del almacenamiento de los regalos recibidos durante su gestión (2003-2010).
El inmueble aparece en los registros como propiedad de la constructora OAS, una de las implicadas en el escándalo de Petrobras, pero según la acusación el verdadero dueño sería Lula, quien lo habría recibido en concepto de soborno, es decir, a cambio de «favores» hechos desde el poder a esa constructora.
Además de las causas ya abiertas, Lula puede llegar a ser investigado en otros seis procesos más, según solicitó la Corte Suprema con base en confesiones hechas por exdirectivos del grupo Odebrecht, y también está salpicado por revelaciones de ejecutivos del grupo cárnico JBS.
No irá a prisión hasta que se ratifique la sentencia en segunda instancia
ONU: Hay más de mil detenidos por manifestaciones en Venezuela
La Oficina del alto comisionado de la ONU para derechos humanos dijo que el paso de prisión a arresto domiciliario del opositor venezolano Leopoldo López es “un paso inicial en la buena dirección”, pero recordó que más de mil personas siguen detenidas en relación con las manifestaciones.
En concreto, sostuvo que 3.600 personas sufrieron detención en los tres meses que llevan las protestas en Venezuela y que -según informaciones que ha recibido de organizaciones civiles- más de 1.100 siguen detenidas.
Sobre el caso de López, el alto comisionado agregó que éste sigue privado de su libertad y ello pese a que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias estudió su caso y determinó que el arresto del líder opositor es arbitrario y, por lo tanto, ilegal.
Ese órgano recibe y analiza denuncias sobre detenciones arbitrarias que ocurren en todo el mundo. “Pedimos la liberación inmediata de todos aquellos detenidos de forma arbitraria, incluidos aquellos que han sido juzgados por tribunales militares”, señaló el alto comisionado mediante una declaración por escrito.
“Esperamos que la decisión de la Corte Suprema (en relación con López) contribuya a reducir las tensiones y a crear buenas condiciones para un diálogo entre el Gobierno y la oposición”, señaló.
La ONG Foro Penal Venezolano sostiene que se han registrado 431 “presos políticos” desde el pasado 1 de abril, cuando se inició la ola de manifestaciones que han provocado 94 muertos.
Eurodiputados advierten que no reconocerán ANC “ilegal”
Un grupo de parlamentarios europeos firmó una declaración pública en la que piden elecciones «plurales» como «la única manera democrática y pacífica de resolver la situación» en Venezuela y advierten que el Parlamento Europeo (PE) no reconocerá una asamblea constituyente «ilegal».
«Insistimos en que las elecciones son hoy en día la única manera democrática y pacífica de resolver la situación en Venezuela. Celebrar elecciones plurales daría realmente la palabra a la gente», firman los presidentes de la Comisión de Exteriores, David McAllister; de la Asamblea Eurolat, Ramón Jáuregui, y de la delegación para el Mercosur, Francisco Assis, de la Eurocámara.
En la declaración, los diputados reiteran su «gran preocupación por la situación en Venezuela» y hacen un llamado «una vez más, al respeto de la paz y la democracia».
El gobierno venezolano ha convocado la elección de una asamblea nacional constituyente (ANC), que redactará una nueva Constitución, el próximo 30 de julio, un «paso inaceptable», según los eurodiputados.
«Este paso es inaceptable en la forma y en el contenido, lanza serias dudas sobre su constitucionalidad y amenaza los principios esenciales de la democracia como el voto universal, libre, directo y secreto», señalan.
Los parlamentarios advierten así de que «el Parlamento Europeo no reconocerá los resultados de este proceso que conlleva al establecimiento ilegal e ilegítimo de una asamblea nacional constituyente».
Gobierno de Bolivia niega haber enviado militares a Venezuela
El Gobierno y las Fuerzas Armadas de Bolivia negaron haber enviado 300 uniformados a Venezuela para actuar en las manifestaciones, como afirmó la diputada a la Asamblea Nacional (AN), Norma Piérola.
En una rueda de prensa, el ministro boliviano de Defensa, Reymi Ferreira, dijo que la acusación de Piérola ha generado una «gran molestia» en las Fuerzas Armadas de su país y debe ser «desmentida» porque, aunque la versión no fue tomada en cuenta en los medios locales, sí ha sido publicada en algunos medios internacionales.
Ferreira advirtió con demandar penalmente a la diputada si en diez días no presenta pruebas de su denuncia de que se enviaron 300 militares y equipo antimotines.
La legisladora dijo que ha obtenido esa información de forma «extraoficial» de militares bolivianos y agregó que era una «acción totalmente ilegal, inconstitucional» porque se necesitaba el permiso del Parlamento para movilizar a ese número de uniformados.