La ex fiscal general Luisa Ortega Díaz, destituida en 2017 y refugiada en Colombia, pidió asilo político en España. Informó que el pasado 13 de octubre realizó los trámites asistida por su asesor jurídico, el abogado Ismael Oliver, quien presentó documentos en los que asegura que tuvo que salir del país obligada por la persecución política y las amenazas del gobierno de Nicolás Maduro.
Ortega, que sostiene que sigue siendo la legítima fiscal general de Venezuela hasta el próximo 31 de diciembre, manifestó en 2017 que en el país «se produjo la ruptura del orden constitucional, debido a que el Poder Ejecutivo desconoció el Estado de Derecho y la separación de poderes vigentes en el país».
Tras sus declaraciones, añade el comunicado, «las fuerzas militares asaltaron» las instalaciones de la Fiscalía, que fue «atacada con turbas violentas vinculadas al oficialismo» chavista. Esta acciones -explica el documento- provocaron «represalias» contra de ella y su familia, «sometiéndola a persecución y a amenazas contra su libertad y su integridad física».
«Obligada por la persecución y las amenazas», se refugió en Colombia, donde las autoridades le dieron protección internacional, le otorgaron la condición de refugiada el 27 de noviembre de 2018 y le proporcionaron una medida especial de protección como «perseguida política del régimen venezolano».
La ex funcionaria realizó también gestiones con la Corte Penal Internacional, «a la que aportó pruebas documentales» de la «violación sistemática» de los derechos humanos. La denuncia le originó nuevas amenazas y ataques contra su vida y su libertad, resalta el comunicado, que se mantienen y por lo que Ortega decidió trasladarse a España y solicitar asilo.