José Ángel Maicabares
Miguel Ángel Blanco González fue sacado arbitrariamente de la vivienda que habitaba desde hace 7 años en la calle 5 de Julio, de La Sabana, la cual es una herencia de sus padres por el Jefe Civil de la parroquia Caruao, Marco Marcano.
El desalojo se hizo el 28 de mayo del 2020 y desde ese entonces Miguel y su esposa Mariela de Blanco han tenido que vivir arrimados en una casa que cuidan en el sector Santa Cruz de La Sabana.
La abogada de la familia, Esmeralda Sojo, informó que se vulneraron sus derechos, en vista de que el 50% de la propiedad le pertenece a Blanco González y la otra parte a su hermana Maira Blanco, promotora del desalojo en complicidad con la autoridad de la parroquia.
“Valiéndose de su poder, el Jefe Civil ejecutó el desalojo acompañado de policías. Además, mantiene un acoso en contra de estas dos personas, quienes les indicaron que si volvían a ingresar a la casa iban presos”, contó Sojo.
Dijo que su defendido tiene una orden de restricción por parte de la Jefatura y Prefectura, pese a que existe una resolución desde el año 2015, donde indica claramente que no hay desalojos arbitrarios. Esto se ratificó en abril.
“Este caso pasó a Prefectura, por lo que Fermín Valdirio, quien dice ser abogado y consultor jurídico de la institución, se fue hasta La Sabana junto a su esposa y le advirtieron a Miguel que no podía acercarse a la casa, cosa que si puede hacer la otra heredera, además de meter a quien ella quiera”, indicó Sojo.
Miguel y su esposa fueron hasta la Procuraduría y allí les indicaron que el caso no es de su competencia, sin embargo, a juicio de la abogada, deberían interceder ya que primero se practicó un desalojo arbitrario, «además Maira no comparece sino cuando mejor le parece porque se siente apoyada por el señor Valdirio y este por el Jefe Civil”./jd