«Susana Reyes y María Ramírez Cabello fueron liberadas luego de estar cinco horas detenidas arbitrariamente en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)» en la ciudad de San Félix, indicó el periódico en su cuenta de Twitter junto a una fotografía de ambas mujeres.
La información fue difundida en la misma red social por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), que agregó que a ambas «les devolvieron sus teléfonos celulares». El rotativo había informado antes que, tras seis horas de allanamiento a las oficinas del periódico, funcionarios del Sebin se llevaron detenidas a Ramírez y Reyes y les habían decomisado cuadernos administrativos y una computadora.
Según Monitoreo ODH, ninguna de las dos pudo tener asistencia de un abogado durante su retención.
La orden de allanamiento fue emitida por el Tribunal Especial de Primera Instancia en funciones de control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo, a cargo de la jueza Carol Padilla. Se trata del mismo tribunal que ordenó el allanamiento a la residencia del director del diario, David Natera Febres, el pasado 12 de octubre.
Este juzgado también fue el que ejecutó la orden para allanar la sede de las oficinas en Caracas del medio internacional 15 minutos, cuyo fundador y director es David José Natera Biliancieri, hijo de Natera Febres.
El Colegio de Periodistas de Venezuela (CNP) rechazó el «hostigamiento y permanente ataque, en contra del Diario El Correo del Caroní y contra su editor y propietario, David Natera Febres, violando nuestra Carta Magna, tratados internacionales ratificados por Venezuela, además de expresas sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
El Colegio de Periodistas de Venezuela también denunció ante la comunidad internacional «este grave atentado en contra de la libertad de información, entre otras violaciones sistemática DDHH, y exige categóricamente que cesen los ataques y hostigamientos en contra del Correo del Caroní y de la prensa libre e independiente, en beneficio de las comunidades que reclaman transparencia y rendición de cuentas de los funcionarios públicos”.