“El objetivo del gobierno con la Ley para la Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Afines es fragmentar y amedrentar a la sociedad civil, silenciando denuncias de violaciones de derechos humanos y demandas de soluciones a los problemas del país en un año electoral”.
La advertencia la hizo la presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, quien manifestó que el Gobierno “le teme a la denuncia, la participación y la movilización”, que podrían retratar un proyecto fallido en el poder.
Por su parte, Alí Daniels, de Acceso a la Justicia, considera que la Ley es una “estrategia electoral”, porque el artículo 15 permite la disolución de una ONG por recibir aportes políticos o actuar contra la estabilidad nacional.
Pide una consulta inclusiva con participación de universidades, iglesias y comunidades, no solo del “poder popular” afín al chavismo.
San Miguel y Daniels coinciden en que la normativa viola la libre asociación y otorga al gobierno un control absoluto.
Provea, Súmate, y otras organizaciones han expresado su disposición a participar en la consulta, pero exigen garantías de que se respetarán sus planteamientos y no serán estigmatizadas.