En una resolución aprobada por 497 votos a favor, 22 en contra y 27 abstenciones, los eurodiputados deploraron que los presos estén detenidos en condiciones que contravienen las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos.
El Parlamento exigió la inmediata liberación incondicional de todos los presos políticos y personas detenidas arbitrariamente, así como el pleno restablecimiento de sus derechos.
Igualmente, exhortó al Gobierno a cesar su política de represión y ataques contra la sociedad civil y la oposición.
Los eurodiputados impulsaron esta resolución a raíz en particular de la situación de la activista de nacionalidad española Rocío San Miguel, detenida hace más de un mes acusada de estar relacionada supuestamente con una conspiración que incluía un plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.
También del general Héctor Hernández Da Costa, recluido desde 2018 y a cuya familia y abogados se les ha denegado el acceso para proporcionarle asistencia médica.
En ese contexto de represión, la Eurocámara pidió al alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, y al Consejo de la UE, incrementar las sanciones contra el gobierno venezolano y que se extiendan a funcionarios de alto nivel, miembros de las fuerzas de seguridad y del Tribunal Supremo de Justicia y al propio presidente.
Instó a las autoridades chilenas a que investiguen a fondo el asesinato de Ronald Ojeda, antiguo preso político del gobierno venezolano.
Igualmente, solicitó a la Corte Penal Internacional a que incluya las continuas violaciones de los derechos humanos y las detenciones arbitrarias en su investigación sobre los presuntos crímenes contra la humanidad.
El Parlamento pidió además a la comunidad internacional que apoye el retorno a la democracia en Venezuela, en particular a la luz de las próximas elecciones, en las que debe permitirse la plena participación de la líder de la oposición, María Corina Machado.
Por último, pidió a las autoridades venezolanas que restablezcan la oficina técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y garanticen su acceso a las prisiones, así como el acceso sin trabas a los titulares de mandatos de procedimientos especiales de las Naciones Unidas.