A Adolys Martínez, quien vive con su hijo, su madre y labora en la Sala Situacional de Infravargas, le intentaron invadir, por órdenes de Ivivar, el apartamento que se le otorgó en la torre C del urbanismo Luisa Cáceres de Arismendi en Playa Grande, luego de pasar más de tres años en un refugio con su madre.
“Desde el 11 de mayo, mi hija debió salir del país con sus respectivos permisos de la escuela, Lopna y de su trabajo para buscarle ayuda a su hijo quien tiene una condición médica. Por mala suerte no ha podido regresarse por la pandemia. En ningún momento ella ha abandonado su vivienda ni está disfrutando fuera del país”, dijo su madre Odalys Martínez.
Contó que en una oportunidad llegaron para ocupar la vivienda y no procedieron porque vieron que Adolys trabajaba para el Gobierno, pero ahora llegó una familia y de manera arbitraria quisieron sacar las cosas.
Los vecinos se opusieron y las personas se fueron. «Luego de unas horas llegaron unos funcionarios del Sebin y uno de ellos dijo que teníamos que retirarnos porque le asignaron la vivienda”.
Los residentes responsabilizan a la directora de Ivivar, Marianela Salazar, de los atropellos y amedrentamientos por parte de los efectivos que se dirigieron hacia la Opppe 36.
“El Gobierno nos entregó las casas y ya muchas están pagas. Ahora pretenden quitárnoslas después que los apoyamos para que estén en sus puestos. Así pagan”./jd