Durante una actualización del informe del Ministerio Público (MP) en materia de Derechos Humanos, se informó que en el caso de Juan Pablo Pernalete, quien falleció tras ser impactado por una bomba lacrimógena en el pecho, “se logró la imputación de 12 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva”. Así lo informó el fiscal general Tarek William Saab.
Esta versión oficial corresponde con la conclusión a la que llegó la exfiscal Luisa Ortega Díaz cuando dirigía el MP y cuyas declaraciones desencadenaron su salida del cargo y posterior exilio.
Las declaraciones de Saab contradicen además los pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo y de dirigentes nacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quienes en distintas oportunidades expresaron que el asesinato del estudiante se habría producido por supuestos “francotiradores y pistoleros infiltrados que portaban armas convencionales y caseras”.
Pernalete era un estudiante universitario y basquetbolista de 21 años que perdió la vida cuando protestaba contra el presidente Nicolás Maduro el 26 de abril de 2017. Diversas organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos han reiterado “el uso excesivo de la fuerza de los cuerpos de seguridad del Estado” en las manifestaciones registradas ese año.
Pernalete era un estudiante universitario y basquetbolista de 21 años