Los 382 aspirantes a jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) serán impugnados ante el Comité de Postulaciones del Parlamento unicameral por sospechas de ser abogados afines al Gobierno.
«Vamos a impugnarlos a todos; queremos que se demuestre si los postulantes reúnen las condiciones que exige la Constitución», anunció René Molina, ex inspector general de tribunales.
La impugnación será formalizada la próxima semana ante el Comité por exjueces y juristas vinculados a la oposición, quienes exigen que sea revisada públicamente la hoja de vida de cada candidato para determinar si cumple con los requisitos constitucionales.
La impugnación reclamará, advirtieron, que cada postulado demuestre que ha cursado un postgrado en materia jurídica y ejercido la abogacía y la docencia universitaria durante un mínimo de 15 años, algunos de los requisitos constitucionales previstos.
Molina advirtió que el lapso para las impugnación vence el 24 de diciembre, tras lo cual debe abrirse un intervalo para presentar pruebas y descargos, «que no debe ser menor a 8 días», y después comenzará otro período «para examinar los expedientes».
«Hablamos de un proceso que se extenderá hasta después del 15 de enero. No hay posibilidad de que nombren a los magistrados el 23 de diciembre. Tienen que acatar y los magistrados tienen que ser aprobados por la nueva Asamblea», de mayoría opositora, remarcó Molina.