El colapso del sistema de salud, la escasez de agua potable, la negativa del gobierno venezolano a publicar datos epidemiológicos, y la represión contra profesionales de la salud y periodistas, favorecen una rápida propagación de la COVID-19 en Venezuela que podría tener un impacto catastrófico en la región, reseñó la ONG Human Rights Watch (HRW) y la Universidad Johns Hopkins en un informe sobre la situación del país frente a la pandemia.
Antes de la llegada de la COVID-19 al país, ya el 70 % de los hospitales no tenía acceso al agua potable con regularidad, especialmente en el interior del país. A esto se le suma que, cuando existe una pandemia, es indispensable la prevención de infecciones dentro de los centros de salud para que no se contagie el personal médico o un paciente que ingresó por otra patología.
Las medidas de prevención en los hospitales son casi imposibles en un sistema que refleja un 76 % de escasez de jabón, 90 % de alcohol o gel y el 60 % de guantes o mascarillas.
Las infecciones intrahospitalarias ya venían sucediendo. La doctora y profesora asociada de la Escuela de Medicina de Johns Hopkins, Kathleen Page, precisó que comenzaba a ser común que un paciente que, por ejemplo, entraba con una fractura de cadera, en el hospital se infectara con diarrea.