María Lourdes Arráez Ante la aparición de presuntas irregularidades que involucrarían a la actual administración de la Cámara Municipal solicitan a la contralora interna Celestina Parra extender las investigaciones a la actual administradora del ente legislativo por desviar fondos públicos mediante transferencias electrónicas a concejales y empresas particulares, informa Manuel Guacaran, director ejecutivo Asociación Civil Coincidencia Ciudadana.
“Según la evidencia que reposa en nuestro poder, la administración de la Cámara Municipal ha hecho transferencias electrónicas ilegales a los directivos del Concejo Municipal, e una abierta violación de la ley de Emolumentos que establece el número de salarios mínimos que deben percibir los funcionarios de alto nivel”.
Asegura que los conejales perciben ilegalmente un salario mensual de 28 mil 112 bolívares, a esto se le suma la figura de gastos de representación, que carece de soportes, depositándoles en sus cuentas cantidades cercanas a los 45 mil bolívares mensuales, más 10 mil bolívares por concepto de caja chica. Denuncia el pago sin soporte alguno a empresas de prestación de servicios por 542847 bolívares, lo cual presume que se trata de un mecanismo fraudulento para desviar fondos públicos a manos de terceras personas, la existencia de supuestas nóminas paralelas donde estarían cobrando activistas políticos y amigos cercanos a los administradores, el pago a concejales suplentes en ejercicio ilegal de la presidencia de comisiones permanentes y la desviación de los recursos del fondo de pensiones que imposibilita que muchos trabajadores disfruten de su pensión de vejez.
“Estas irregularidades administrativas son a manera de interpretación una acción antiética proveniente de altos funcionarios gubernamentales, ante la crisis económica que envuelve a nuestro país que pulveriza el salario de los trabajadores, muy particularmente los trabajadores del Concejo Municipal, donde la gran mayoría apenas sobrevive con un salario mínimo”.