María Elena Moreno – A la espera del acto de admisibilidad en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se encuentran los 3.400 aduaneros que están a nivel nacional. Exigen con el documento, impugnar la nulidad parcial de la Ley Orgánica de Aduanas que califican de perniciosa y por demás punitiva.
Como destino final a estas acciones gubernamentales, señalan la monopolización del sector aduanero. Así lo comenta Rusvel Gutiérrez, quien teme que las sanciones dejen a los auxiliares de la aduana en el pasado.
“Es un documento legal pernicioso que rechazamos. Se impugna la ley parcialmente pues buscamos que anulen los artículos que establecen sanciones hasta de tipo confiscatorias para los agentes aduanales. Por error de transcripción o por un día de retraso asignan multas que en ocasiones sobrepasan el capital suscrito y pagado en el registro mercantil, son deudas incosteables”.
Revocatoria de licencias y multas impagables amenazan
Explica, que en un año, si el auxiliar registra dos sanciones se expone a suspensiones de entre 90 y 180 días. Dado el caso que se presente una tercera, el Estado procede a revocar la licencia del mismo. “O sea que dado un escenario en el que aprueben divisas, será igual una angustia traer carga pues hay que estar pendiente de todo. Hasta si al motorizado le da chance de llegar al banco a pagar los impuestos y demás”.
Gutiérrez comenta que lo más alarmante es la obligación de presentar fianzas para continuar ejerciendo. “Solicitan a los auxiliares que garantice una fianza que se obtiene de la suma total de los impuestos de cada uno de los clientes que registraron el año anterior. Esa cantidad es una barbaridad, además con la actividad que se ha estado generando, eso es impagable” dijo. MEM/jd
