El Gobierno de Nicolás Maduro designó a Álex Saab embajador extraordinario y plenipotenciario, representante alterno de la Misión de Venezuela ante la Unión Africana, como parte de una estrategia que busca enviar a Etiopía al empresario colombiano, preso en Cabo Verde desde el 12 de junio y solicitado por Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico.
En un oficio enviado por el canciller Jorge Arreaza y difundido por el diario colombiano El Tiempo, el diplomático pide a la Unión Africana que su embajador plenipotenciario asuma sus deberes en la capital etiope Adís Abeba «a la mayor brevedad», amparado en la inmunidad total que otorga este tipo de nombramientos.
Uno de los abogados de Saab, Rutsel Martha, destaca que la “acreditación ante la Unión Africana es importante debido a la postura de esa organización sobre la inmunidad de los jefes de Estado y otros altos funcionarios”.
Según el medio colombiano, Cabo Verde y Estados Unidos preparan una respuesta a esta nueva jugada política. De acuerdo a fuentes en Washington, es claro que ese tipo de inmunidades “no son retroactivas” y que esta jugada solo “muestra el desespero de Maduro», por obtener la libertad del colombiano.
Mientras tanto, Saab ya habría sido notificado de su nombramiento, que de acuerdo con un allegado a la defensa no necesita ser ratificado, y cuenta con la carta que lo acredita.
Sin arresto domiciliario
El procurador general de Cabo Verde, Luis José Landim, confirmó que su país no tiene ninguna obligación de cumplir la orden del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) de poner en arresto domiciliario al empresario colombiano.
El empresario alega problemas de salud que requieren la atención de un médico fuera de la cárcel en la que está recluido, por lo que el Tribunal de la Cedeao pidió que se le conceda la detención domiciliaria para tener acceso a su familia, doctores y abogados.
Sin embargo, Landim aseguró, tras reunirse con el presidente caboverdiano, Jorge Carlos Fonseca, que su país no ratificó el protocolo que otorga jurisdicción al tribunal en casos de derechos humanos.