Tras el motín que dejó 47 muertos y 67 heridos a inicios de mayo, el gobierno venezolano inició hoy el desalojo del Centro Penitenciario de los Llanos Occidentales «para avanzar en el desarrollo del nuevo régimen carcelario».
Así lo informó la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, quien indicó que todos los reclusos serán reubicados en los diferentes penales del país.
El desalojo del penal, que según el Observatorio Venezolano de Prisiones albergaba a 2.500 reos cuando su capacidad era de 750, fue rechazado por la congresista opositora María Beatriz Martínez, quien dijo en su cuenta de Twitter que con la medida se buscaba dispersar a los reclusos para “tapar evidencias”, y cuestionó que al oficial de mayor jerarquía que encabezó la contención del motín, el general Gherson Chacón Paz, no se le abriera ningún proceso.
La Fiscalía General imputó al director del penal, Carlos Torres, el delito de «cómplice necesario» por la introducción de armas al recinto; a un primer teniente y cuatro sargentos de la Guardia Nacional, por cargos de homicidio y abuso de poder al no actuar bajo las normas impuestas para contener un motín y en su lugar «optar por hacer uso de armas de fuego»; y a cuatro reos, entre ellos el presunto líder del motín, Olivo Castillo.
El fiscal general Tarek William Saab informó que bajo el liderazgo de Castillo los reclusos iniciaron una protesta por supuestos hechos irregulares durante la visita, que desencadenaron el motín. De acuerdo con información de organizaciones humanitarias, la protesta que iniciaron los presos exigían el ingreso de los alimentos que les llevaban sus familiares.