El director de la cárcel de Uribana, ubicada en Barquisimeto, Julio César Pérez, fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), tras una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público.
Pérez será presentado en las próximas horas por el Ministerio Público ante el Tribunal 4º de Control del estado Lara, por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos en ese recinto desde el pasado miércoles y en el que según cifras oficiales fallecieron más de 30 reclusos.
En la audiencia de presentación, el subdirector de Investigaciones de Delitos Comunes, Juan Carlos Tabares, y un grupo de fiscales imputarán al funcionario por delitos vinculdos a los decesos.
El presidente de la Comisión de Culto y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional, William Ojeda, quien se trasladó a la entidad, informó que hasta el mediodía de este viernes se contabilizaban 35 reos muertos (28 en Uribana, cinco que fueron trasladados a Tocorón (Aragua) y dos de los que fueron llevados a la Penitenciaría General de Venezuela (Guárico). Se conoció que de ese total, faltarían 10 por identificar.
El pasado lunes los internos del penal larense iniciaron una huelga de hambre para denunciar supuestos malos tratos ordenados en su contra por parte del director del centro de reclusión.
El miércoles un grupo ingresó al área de enfermería donde -según versión del Ministerio de Asuntos Penitenciarios- consumieron una mezcla de medicamentos, tras la cual resultaron intoxicados 145 reos. Los familiares insisten en que fueron envenenados.
Los presos habrían ingerido un coctel que incluía, además de los fármacos, alcohol isopropílico y anestesia. Las pesquisas buscan determinar si se les obligó a tomar la preparación de sustancias, o fue una decisión impulsada por el llamado “síndrome de abstinencia” a las drogas.
Ojeda apuntó que del total de afectados 20 se encuentran en coma o en situación delicada.
Responsabilidades
La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) exigió ayer una “investigación completa” que permita esclarecer las causas de la muerte de los 35 reos.
A través de un comunicado, el arzobispo de Coro, monseñor Roberto Lückert, presidente de la referida instancia, demandó al Ministerio de Servicios Penitenciarios tomar “todas las medidas necesarias para la no repetición de estos hechos y para la garantía efectiva de todos los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad”.
Lamentó que las prisiones “lejos de ser centros formativos de reinserción social, son más bien lugares de hacinamiento, violencia, castigo y represión”.
El coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, recluido desde febrero en la cárcel de Ramo Verde, responsabilizó al presidente Nicolás Maduro de lo ocurrido en el penal larense. Vía Twitter preguntó: “hace 15 días dijeron en la ONU que no había violación de los Derechos Humanos en las cárceles venezolanas. ¿Cómo explicas lo de Uribana?”.
En esta misma línea, la exdiputada, María Corina Machado, calificó de “crueldad e impunidad total” la muerte de los reclusos y exigió a la Fiscalía investigar la causa de los estos decesos.
“Esta tragedia tiene responsables”, afirmó la opositora.
Petición
Monseñor Roberto Lückert solicitó a las autoridades aprobar el trabajo de la Pastoral Penitenciaria para promover la prevención y acogida al interno. Pidió además que se ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, para que se permitan las visitas de supervisión a los centros de detención a fin de recomendar medidas para mejorar sus condiciones. (E.Tiempo)