María Lourdes Arráez, mlalaverdad@gmail.com.- “Rechazamos la violencia en contra de las mujeres por funcionarios de la Guardia Nacional, que en lugar de estar reprimiendo legítimas protestas, deberían garantizar la seguridad de los ciudadanos para evitar muertes de inocentes en manos de hampa, como el lamentable asesinato de Alejandro Pérez Colmenares”, manifiesta Sofia De Pasquale, coordinadora del Frente de Mujeres de la Red de Ciudadanos Activos Nelson Mandela.
Indica que los funcionarios deben velar por el derecho constitucional de la seguridad y la vida, porque resulta inconcebible que utilicen las armas para reprimir a un pueblo que protestaba por el asesinato de un hombre trabajador.
Extiende sus condolencias a la familia que se enlutó tan trágicamente y asegura que trabajan por concretar un cambio que permita que no mueran más venezolanos en manos del hampa.
Piden a los concejales trabajar por el pueblo
Belkis Mujica asegura que es inexplicable y fuera de toda lógica que la Cámara Municipal invierta tiempo en calificar como personas no gratas a Lilian Tintori y al diputado Juan Guaidó, luchadores por los derechos humanos, mientras que los servicios públicos, en especial la recolección de basura, están en franco colapso, afectando nuestra calidad de vida.
“Su incompetencia está generando daños irreversibles en materia de salud a la población. Para muestra pueden darse un paseo por el Puerto, no se puede ni respirar por la pestilencia. Nosotras declaramos a esos concejales personas no gratas para nuestro frente”.
Exigen aceptar ayuda humanitaria
Yurisbell Silva hace un llamado a la Gobernación de Vargas para que acepte la ayuda humanitaria internacional a fin de que sean distribuidos alimentos y medicinas a la población, “dado que nuestras madres y abuelas de familia están desesperadas por la falta de alimentos y medicinas. Los Clap realizan ventas mensuales, en el mejor de los casos cada 15 días, con un suministro deficiente, no contiene proteínas ni mantiene un precio fijo.
Destaca que se requiere información pública, ver facturas de compras para que puedan hacer la legítima contraloría social y cumplir con su deber constitucional de participación activa y protagónica, actualmente vulnerado por falta de información./jd