Las condiciones de reclusión de 12 indígenas de la etnia Pemón, considerados presos políticos son “peligrosas y de alto riesgo”, de acuerdo a la organización Foro Penal, que denuncia serias violaciones a los derechos humanos del grupo de indígenas y exige que les brinden atención médica especializada.
Aunque en noviembre un tribunal ordenó trasladarlo para que fuera sometido a una revisión médica, Salvador Franco nunca la recibió y murió el 3 de enero por desnutrición, shock séptico y edema cerebral asociado a tuberculosis, según el acta de defunción emitida tras la autopsia.
Él era uno de los 13 pemones detenidos en diciembre de 2019 por su presunta vinculación con el asalto y sustracción de armamento de una instalación militar en el estado Bolívar.
Los abogados y familiares de los 12 pemones de la comunidad de Kumarakapay que siguen recluidos en El Rodeo, temen que corran con la misma suerte que Salvador, cuya muerte es considerada responsabilidad del Estado venezolano y fue denunciado como delito de lesa humanidad.
“Son vulnerables porque la alimentación que hoy el centro penitenciario “El Rodeo II” les da es una sola porción de comida, el resto tiene que ser proporcionada por sus familiares. El caso de ellos es mucho más grave porque estando a 1.200 km de distancia de este centro penitenciario, evidentemente no pueden darle la alimentación debida. Estamos solicitando que se le haga una prueba para diagnosticar si tienen o no tuberculosis, ya que ellos convivían con Salvador”, afirma Olnar Ortiz, coordinador de Pueblos Indígenas del Foro Penal.
En varias ocasiones, los abogados de los pemones, cuya inocencia defienden, han denunciado que en ningún momento se les ha garantizado el debido proceso y que han sido sometidos a “tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
“Desde el primer momento de sus detenciones arbitrarias no fueron respetadas en este caso la jurisdicción especial indígena, este delito de los cuales ellos son acusados se cometió en una jurisdicción indígena, es por ello que si en ese momento respetando los derechos de los pueblos indígenas tenían que haber sido juzgados en sus propios territorios”, subrayó el abogado.