El Ministerio Público (MP) informó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que imputó a 910 funcionarios de seguridad del Estado “por la presunta transgresión de los derechos humanos” entre agosto de 2017 y diciembre de 2021.
Sin embargo, solo se han emitido 229 sentencias condenatorias. En los últimos cinco años fueron acusados 1.285 funcionarios, de los cuales 619 están privados de libertad.
Las estadísticas oficiales se presentaron este martes como parte del Examen Periódico Universal de Derechos Humanos sobre Venezuela.
“El Ministerio Público realiza trabajo conjunto con la Oficina de la Alta Comisionada, la cual ha tenido como finalidad ofrecer resolución judicial oportuna y celeridad procesal en los diversos casos presentados», señala el documento presentado ante la instancia de la ONU.
«(Estamos ) comprometidos en el avance de las peticiones y el intercambio de ideas para afianzar de manera positiva la protección de los derechos humanos”.
Actualmente, Venezuela es objeto de una investigación por parte de la fiscalía de la Corte Penal Internacional, que encontró fundamentos suficientes para advertir que en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad.
Desde entonces, el Estado venezolano intenta probar que castiga a los responsables de estos delitos.
Lucha contra la corrupción
En cuanto al combate a la corrupción, destacó que entre agosto de 2017 y diciembre de 2021 se registraron 13.590 imputaciones, 1.881 sentencias condenatorias y 3.072 personas condenadas.
Destaca que se han investigando a 282 fiscales por corrupción o prácticas antiéticas. «Hay 155 imputados, 27 condenados, 12 actualmente privados de libertad y 18 se mantienen en fuga con orden de aprehensión».
El domingo detuvieron en Mérida dos fiscales identificados como Freddy Freites y Yulimar Ureña. Ambos le cobraron 5 mil dólares a un investigado para no aprehenderlo.