La fiscal de la Nación de Perú, Zoraida Ávalos, abrió este martes una investigación preliminar contra el presidente de ese país, Pedro Castillo, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión para favorecer a empresas que se adjudicaron contratos con el Estado.
Fuentes del Ministerio Público indicaron que la investigación responde a las reuniones que Castillo supuestamente mantuvo en el Palacio de Gobierno y en una casa de la empresaria Karelim López, para que, según la acusación, intercediera a favor del consorcio Puente Tarata III, que se adjudicó la construcción de un puente en la selva central.
También obedece a las reuniones con ella y otros funcionarios y representantes de la petrolera Heaven Petroleum Operation, que ganó la convocatoria para vender 280.000 barriles de biodiesel a la empresa estatal PetroPerú por 74 millones de dólares.
Según las versiones periodísticas, la fiscal de la Nación (fiscal general), la única autoridad con potestad para investigar al presidente, notificó este martes del inicio de la investigación al jefe de Estado y al procurador general del Estado (abogado general del Estado), Daniel Soria, quien denunció a Castillo en diciembre pasado por patrocinio ilegal y tráfico de influencias.
La denuncia de Soria se basó en las reuniones que Karelim López sostuvo aparentemente con Castillo antes de que las empresas que ella representaba ganaran la licitación del puente Tarata.
Soria señaló en su denuncia que existen sospechas de que el presidente peruano “también se encontraría inmerso en la conducta de tráfico de influencias” que investiga el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Lima.