Los parientes de Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Alonso Meléndez y Emilio Negrín también estuvieron acompañados por dirigentes sindicales y miembros de la sociedad civil.
Yorbelis Oropeza, esposa de Alcides Bracho, pidió la renuncia del fiscal general Tarek William Saab, tras su pronunciamiento sobre el caso.
“No has leído ningún informe de los 300 presos políticos que hay en Venezuela. Si tienes un poco de vergüenza renuncia al cargo, porque no nos representas. No representas lo justicia en este país, y tampoco la libertad”, exclamó Oropeza.
También enfatizó que su esposo es un profesor de química con todos sus títulos certificados, y que nada tiene que ver con planes de conspiración.
La esposa de Alonso Meléndez, Yesi Requena, pidió a la comunidad internacional que se pronuncie sobre la situación que vive el país en materia de justicia. “Estoy indignada porque en este país no tenemos seguridad.
Usted camina por las calles y usted no tiene seguridad, porque si les da la gana de decir que usted es terrorista, pues usted es terrorista. La justicia en este país está podrida”, comentó.
Además, también entregaron un oficio en la sede del Pnud, para que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, se manifieste sobre el caso, y exija la libertad de ellos.
A la protesta también asistió María Corina Machado, quien lamentó la sentencia contra los trabajadores, y consideró que esta acción ha conmocionado a los venezolanos.
“Esto demuestra que existe un patrón de persecución en Venezuela. Quiero transmitirle toda mi solidaridad a ellos, es momento de manifestarse en contra de eso”, dijo Machado.
A los seis trabajadores les imputaron los delitos de conspiración y asociación para delinquir, luego de ser detenidos en 2022 tras participar en protestas laborales.