“Los familiares iniciamos un largo proceso ante los organismos encargados, exigiendo una justicia genuina, la cual, sin embargo, se nos ha negado de manera constante y reiterada”, señaló la alianza en un comunicado publicado en la red social X.
Alfavic indicó que se ha enfrentado a un sistema de justicia que “relega a las víctimas y protege a los victimarios”, y donde la impunidad como política de Estado envía un doble mensaje», una afirmación que el Estado niega, al manifestar que se han investigado varios de esos asesinatos y que los culpables están juzgados y presos.
Sin embargo, la ONG manifiesta que el mensaje del Estado a la sociedad civil es que «el destino de quien protesta solo puede ser una detención arbitraria, una desaparición forzada, la tortura e, incluso, la muerte, y a los miembros de los órganos represores, que pueden seguir cometiendo estos crímenes porque el Estado está para protegerlos».
La alianza sostuvo que a pesar de su dolor, obstáculos y adversidades, seguirá luchando en la exigencia de justicia.
“No estamos dispuestos a bajar la cabeza y rendirnos, porque se lo debemos a esos valientes jóvenes que ese año 2017 salieron con sueños, esperanzas e ideales a exigir sus derechos humanos, civiles y democráticos y no regresaron a casa”, apuntó.
La última semana de marzo de 2017, el país fue sacudido por 2 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que suprimían las competencias del Parlamento, entonces de mayoría opositora, dando paso a una ola de protestas que se saldó con más de 120 muertos y la condena de parte del mundo a Venezuela.