Familiares y amigos del fallecido concejal Fernando Albán protestaron el jueves frente a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), para exigir justicia tras cumplirse dos años de la muerte del dirigente de Primero Justicia mientras se encontraba bajo la custodia de estos funcionarios.
Aseguran que los funcionarios presuntamente torturaron y lanzaron al dirigente desde el piso 10 de la sede ubicada en Plaza Venezuela e insisten en que no se trató de un suicidio, como lo estableció el informe del fiscal general Tarek William Saab.
Hasta la fecha no les han permitido la exhumación del cuerpo con presencia de expertos internacionales para realizar una nueva autopsia. El caso forma parte del informe elaborado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, conformado por el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Albán fue señalado de haber participado en un atentado fallido con drones contra el presidente Nicolás Maduro, que ocurrió en agosto de 2018 durante un acto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la avenida Bolívar.
La ex fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, denunció formalmente en 2019 ante la Corte Penal Internacional este deceso. Aseguró que la autopsia efectuada al cadáver fue practicada por una persona que no tiene credenciales.
