Terror y zozobra es lo que sufren las familias de los oficiales de la reserva activa de la Urbanización San Francisco II de Marapa Marina, Catia la Mar, ya que por orden expresa del V/A Ramón García Zambrano y de la C/N Yamileth Salazar Salazar, juez militar de Macuto, deben desalojar sus viviendas y para esto se vienen presentando comisiones de diferentes cuerpos de seguridad al urbanismo.
Detallan que han ocupado sus viviendas por más de 20 años, luego de que por instrucciones del presidente Hugo Chávez, quien en su programa de Aló Presidente de junio del 2012, ordenara venderles las viviendas.
Los oficiales señalan que al habitarlas comenzaron a hacerles mejoras y reparaciones mayores a las casas tipo americanas, ya que por las características técnicas del fabricante había finalizado su vida útil.
Manifiestan que estas personas han pisoteado el debido proceso, la Constitución y las leyes de la república. Buscando artilugios y torciendo las leyes se ha sometido a un juicio militar a 7 Oficiales por el supuesto delito de aprovechamiento personal de contrato de la Fuerza Armada, cuando la realidad es que el que incumplió con el contrato de arrendamiento de vivienda fue el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (IPSFA), cuando se desentendió de las reparaciones mayores de las viviendas y la áreas comunes”, dice uno de los afectados.
Rechazan la violencia y la mentira
Denuncian que han llegado a las viviendas de manera violenta tocando puertas y rompiendo ventanas, además de ordenar la captura de varios oficiales e incluso uno de ellos fue involucrando en un presunto hurto de vehículos para darle mayor fuerza a una orden de captura”.
Piden respetar la decisión del presidente
Resaltan que las personas interesadas en que desalojen han venido actuando sin importar el decreto presidencial que prohíbe el desalojo forzoso de viviendas, mientras dure el estado de emergencia por la pandemia.
“Los habitantes estamos organizándonos desde hace mucho tiempo como consejo comunal según lo pautado por los organismos competentes, y hemos recibido certificación de tierra urbana, ya que los terrenos donde están construidas las viviendas son terrenos municipales”.
Piden apoyo
“Presidente Nicolás Maduro somos oficiales que en nuestro momentos entregamos nuestra vida a la patria. Necesitamos que se respeten las medidas que actualmente rigen contra el desalojo, que se respeten los decretos presidenciales en la actual contingencia de la pandemia”.
Añaden que han acudido a varios organismos para buscar ayuda, pero no los han querido atender, por lo que decidieron coordinar y presentarse en la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, con sede en la torre Parque Ávila de Caracas, para elevar su voz ante instancias internacionales por las arbitrariedades a los que están siendo sometidos y por sentirse en un estado de indefensión dentro de la institucionalidad.