Estados Unidos impuso sanciones a Rusia por su presunta interferencia en las elecciones presidenciales de 2020 y su supuesto papel en un ciberataque masivo, además de imponer castigos relacionados con las acciones rusas en Ucrania y Afganistán.
El gobierno del presidente Joe Biden anunció además la expulsión de 10 miembros de la misión diplomática rusa en Washington, incluidos integrantes de los servicios de Inteligencia.
La Casa Blanca acusó formalmente al Servicio de Espionaje Exterior de Rusia (SVR) de haber perpetrado el ciberataque masivo que comenzó presuntamente en 2019 y penetró en los sistemas del gobierno estadounidense y grandes compañías mediante un programa de la empresa SolarWinds.
Biden firmó una orden ejecutiva que permitirá volver a castigar a Rusia con «consecuencias estratégicas y económicas, si continúa o promueve una escalada de sus acciones desestabilizadoras internacionales».
En la primera semana de abril, Rusia comenzó a aumentar la presencia militar en su frontera con Ucrania, alegando que con ello responden a las provocaciones de las autoridades ucranianas y su intención de intensificar el conflicto entre separatistas rusos y tropas del gobierno ucraniano.
Pero de acuerdo a observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), no hubo tal provocación.
OTAN y UE apoyan las sanciones
La OTAN expresó su apoyo y «solidaridad» a Estados Unidos ante la adopción de sanciones contra Rusia, por considerar que el gobierno de Vladimir Putin realiza «actividades desestabilizadoras», en particular en Ucrania y Georgia.
«La Unión Europea y sus Estados miembro expresan su solidaridad con Estados Unidos por el impacto de las actividades cibernéticas maliciosas, en particular la operación cibernética SolarWinds, que, según evalúa Estados Unidos, ha sido realizada por Rusia», declaró el alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell.
El jefe de la diplomacia europea señaló que la operación, que penetró en los sistemas del gobierno estadounidense y grandes compañías, ha afectado «a los gobiernos y empresas de todo el mundo, incluidos Estados miembro de la UE».