El Parlamento español aprobó definitivamente este jueves la ley que despenaliza la eutanasia y califica la ayuda médica para morir como un derecho y una prestación del sistema nacional de salud.
Podrán solicitarla los mayores de edad que sufran “una enfermedad grave e incurable” o un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante” que afecte a la autonomía y que genere un “sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable”.
Los interesados, de nacionalidad española o residentes legales, deben mostrar ser “capaces y conscientes” al hacer la petición, que debe formularse por escrito “sin presión externa” y ser repetida 15 días más tarde.
El médico siempre podrá rechazarla si considera que no se cumplen los requisitos. Además, debe ser aprobada por otro médico y recibir luz verde de una Comisión de Evaluación. Cualquier profesional de la salud puede alegar “objeción de conciencia” para negarse a participar en el procedimiento, costeado por la sanidad pública.
Después de ser enmendada por el Senado, el Congreso respaldó el estatuto con el voto a favor de 202 de los 350 diputados, con 141 en contra y 2 abstenciones.
La norma, que entrará en vigor dentro de 3 meses, fue impulsada por el gobernante Partido Socialista, apoyada por el resto de los partidos de izquierda, liberales, nacionalistas e independentistas, y rechazada frontalmente por la oposición de conservadores y de extrema derecha.
Es una ley “muy consensuada” que da “respuesta a unas situaciones de fin de vida” marcadas por “el dolor, el sufrimiento”, expresó a la radio Cadena Ser la portavoz del gobierno español, María Jesús Montero.
Con esto, España se convierte en el séptimo país del mundo en legalizar la muerte asistida, tras Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá y Nueva Zelanda.