El más reciente informe del Centro para los Defensores y la Justicia revela que en el primer trimestre del 2021 se registraron 183 ataques e incidentes de seguridad que comprometen y afectan el derecho a defender, lo que representa un aumento del 259% en relación al mismo período en el año 2020.
Se registraron 107 casos de estigmatización, 31 de intimidación y hostigamiento, 13 amenazas, 10 judicializaciones, nueve detenciones arbitrarias, tres allanamientos, tres ataques digitales y otros siete casos no descritos.
El documento destaca que las campañas sistemáticas de estigmatización, descredito y desprestigio contra quienes defienden y exigen derechos humanos constituyen la principal forma de agresión, con discursos de odio y violencia de parte de funcionarios de alto nivel del gobierno de Maduro buscan criminalizar un trabajo humano reconocido por el derecho internacional.
“El Estado venezolano continúa agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, respondiendo a la crisis de derechos humanos, enfrentándose a diversos riesgos asociados a la lógica del enemigo interno”, sostiene el informe de la ONG.
También destacan que esta escalada de ataques se da en un contexto en el que hay una considerable reducción del espacio cívico y democrático y a criminalización de la cooperación internacional.
Entre el 13 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2021, es decir, durante la vigencia del estado de alarma especificaron que se contabilizaron 455 agresiones e incidentes de seguridad en contra de personas y organizaciones que defienden derechos humanos y desarrollan acciones humanitarias, demostrándose el “recrudecimiento de la política de criminalización y lógica del enemigo interno aplicada contra quienes defienden y exigen derechos”.
Las principales víctimas del conflicto han sido las Organizaciones de Derechos Humanos, con un 120 incidencias, lo que equivale al 66 %, mientras que 63 de los hechos fueron individualizados en contra de personas defensoras de derechos humanos, representando el 34%.