El Vaticano celebrará mañana la primera audiencia del juicio por la revelación y publicación de documentos clasificados, en el que están imputadas cinco personas, entre ellas el sacerdote español Lucio Vallejo Balda.
La primera vista de este proceso ha sido fijada a las 10.30 hora local (9.30 GMT) y se celebrará en la única sede judicial del Estado de la Ciudad del Vaticano, a pocos metros del ábside de la basílica de San Pedro.
A lo largo de este proceso se tratará de esclarecer la sustracción, divulgación y publicación de material clasificado de la Santa Sede, sobre todo en materia económica, un caso que ya se conoce como «Vatileaks2», en alusión al escándalo por la difusión de correspondencia de Benedicto XVI en 2012.
Uno de los cinco acusados es el español Vallejo Balda, el único que permanece preso como medida preventiva y que fue secretario de la extinta Comisión investigadora de los organismos económicos y administrativos de la Santa Sede (COSEA), de la que proviene la mayor parte de los documentos difundidos.
También está imputada la ex relaciones públicas italiana Francesca Chaouqui, que fue arrestada con el español y puesta posteriormente en libertad, el excolaborador de la COSEA Nicola Maio y los periodistas que han publicado los documentos: Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi.
La Justicia vaticana establece que solo pueden participar en estos procesos los miembros de una lista de casi noventa letrados reconocidos por las autoridades de la Santa Sede.
Por esta razón, la defensa del español ha conocido recientemente que no podrá asistirle y le ha sido asignado un abogado de oficio que, sin embargo, ha renunciado veinticuatro horas antes de que comience el proceso.
El proceso goza de un enorme interés mediático porque será además la primera ocasión en la que en el banquillo de los acusados del Vaticano se sienten dos periodistas, que ya han criticado que su situación supone un ataque a la libertad de prensa.
Finalmente el número de imputados ha ido en aumento y están acusados de violar el artículo 116 bis, en el que se tipifica el delito de «procurarse ilegítimamente o revelar noticias o documentos de los que está prohibida la divulgación».
El Código de Derecho Canónico pena este delito con entre seis meses y dos años de prisión o la multa de 1.000 a 5.000 euros.
En el caso de que estas noticias o documentos fueran de «interés fundamental o de relaciones diplomáticas de la Santa Sede o del Estado se aplicará la pena de cuatro a ocho años de reclusión».