“Durante 60 días el decreto le da carta blanca al “régimen” para acabar con las empresas”
* Conindustria y Cedice Libertad piden a la AN que no se apruebe tal y como fue presentado porque sería desacelerar más la economía, asegura Juan Pablo Olalquiaga, presidente de la Confederación Venezolana de Industrias
El Observatorio de Derechos de Propiedad de CEDICE Libertad, que desde hace 10 años lleva adelante el seguimiento, monitoreo, base de datos y análisis de todas las afectaciones a este derecho fundamental consagrado en la Constitución Nacional, emitió un comunicado indicando que dos elementos deben ser tomados en cuenta para analizar el Decreto de Estado de Emergencia Económica: la crisis económica de inconmensurables proporciones por la cual atraviesa el país, y la reconquista de los espacios de la asamblea nacional por el Bloque de la Unidad Democrática.
El gobierno justifica la crisis económica que efectivamente vive Venezuela y que se gestó en las propias entrañas de la llamada revolución durante más de un lustro. Aseguran que la muerte de Hugo Chávez fue el punto de partida para la guerra económica, que consiste en desestabilizar la economía del país, debilitar instituciones, apostar a la ruptura del hilo constitucional e inducir malestar social.
Lo que el régimen nunca admitirá es que la inflación y la distorsión cambiaria son el resultado del modelo que han impuesto al país, caracterizado por la violación a las libertades económicas y la propiedad privada. El que hoy los ciudadanos no puedan disponer y acceder libremente a bienes y servicios y su salud y alimentación se han visto afectadas, es la consecuencia directa de la destrucción del aparato productivo del país. El régimen sistemáticamente ha expropiado empresas y destruido millones de puestos de trabajo.
Industriales advierten que Decreto de emergencia podría desacelerar aún más la economía
El estado de emergencia económica decretado el viernes por el presidente Nicolás Maduro representa una nueva arremetida contra los empresarios, pues amplía las atribuciones del Ejecutivo y pone en riesgo la libertad económica y el derecho a la propiedad privada, afirmaron directivos de Conindustria y Cedice Libertad.
“Son muy delicadas las restricciones a la libertad económica y a la propiedad privada que se establecen en el decreto. Esto es como darle un cheque en blanco a un gobierno que ha sido el creador de las distorsiones que hay en el país. Pedimos que no se apruebe tal cual como fue presentado, eso implicaría un enorme riesgo de desacelerar aún más la economía.”, afirmó Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria.