Docentes acuden ante Defensor del Pueblo para exigir el retroactivo
El dirigente Joao Da Silva, junto a miembros de la Alianza Regional de Educadores, acudió ayer al despacho del defensor del Pueblo, Tareck William Saab, para consignar un documento contentivo de las denuncias y actos violatorios en perjuicio de los docentes adscritos a la Gobernación del estado Vargas.
Entre los planteamientos formulados por presidente de ABP en el estado Vargas, y donde Da Silva asegura que comprometen la gestión del gobernador García Carneiro, destacan la deuda del 55% por homologación salarial a los educadores estadales, que data desde el mes de marzo del presente año, más el 10% a partir de junio, con incidencia en las vacaciones.
A esto se le suma el bono recreacional para los docentes jubilados correspondiente a 50 días de salario; desde el mes de marzo no han sido canceladas la primas de postgrado y de difícil acceso, las cuales deben ser calculadas de manera porcentual y no de valor absoluto; se adeuda un bono único por el monto de Bs. 10.000 y no se ha cancelado el 20% de aumento del mes de noviembre, con incidencia en los aguinaldos.
“La negligencia del primer mandatario regional afecta al personal docente jubilado en julio de 2016, lo cual demuestra que la ignominia es la respuesta puntual al personal docente estadal”.
Se cierran las puertas del entendimiento
De acuerdo a la apreciación de Joao Da Silva, se han cerrado todas las puertas del entendimiento con el gobernador del estado Vargas.
Manifiesta que los anuncios realizados por García Carneiro se han quedado cortos en relación a la situación económica real de estos docentes.
“Lamentablemente persiste en su actitud indolente, al violentar los derechos humanos de los educadores estadales e irrespetar sus beneficios contractuales”.
Señala que la educación revolucionaria estadal en Vargas está caracterizada por “la explotación salarial de los docentes contratados y suplentes, quienes además de maltratos, reciben un salario inferior al salario mínimo; los planteles estadales no implementan el programa de alimentación escolar y sus instalaciones se encuentran en franco deterioro; no reciben seguimiento técnico-administrativo y no cuentan con la dotación requerida para ejercer la labor educativa”./jd